AP/El Parlamento Europeo aprobó el jueves por amplia mayoría una resolución que amenaza con aplicar sanciones al gobierno de Nicaragua si su legislatura da curso a una norma que busca criminalizar el uso de las redes sociales y controlar los fondos externos que reciben organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación.
La resolución fue aprobada por 609 de los 694 eurodiputados (85%), que rechazaron así la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, así como la intención del gobierno del presidente Daniel Ortega de instaurar la pena de cadena perpetua para castigar los llamados “crímenes de odio”. Solamente 21 legisladores votaron en contra.
“Con esta resolución mandamos hoy un mensaje nítido y claro (…) en Nicaragua debe haber un cambio democrático ya. Y si no lo hay, tiene que haber consecuencias”, dijo el diputado español José Ramón Bauzá, uno de los promotores de la resolución.
Bauzá pidió a la Unión Europea (UE) “responder de forma clara, contundente y nítida” mediante “sanciones a Daniel Ortega y a (la primera dama y vicepresidenta Rosario) Murillo, y a toda la banda criminal responsable de las miserias de Nicaragua”.
También instó a activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica —vigente desde 2012— que obliga a los países firmantes a respetar los principios del estado de derecho, la democracia y los derechos humanos.
La resolución llama al Parlamento de Nicaragua a no aprobar las polémicas leyes anunciadas por el gobierno, por considerar que “agravarán el clima de intimidación, amenaza y violaciones de derechos humanos” en el país, que vive una grave crisis política desde la revuelta social contra Ortega en abril de 2018.
El texto también insta al gobierno sandinista a devolver los bienes confiscados a medios de comunicación y ONG, y le pide facilitar un regreso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA.
Pidió asimismo que se envíe a Nicaragua una misión del Parlamento Europeo para dar seguimiento a la situación política de cara a los comicios generales previstos para noviembre de 2021, cuando Ortega, en el poder desde 2007, intentaría reelegirse por tercera vez para un cuarto mandato consecutivo.
Al respecto, el documento insta al gobierno a asegurar “elecciones libres, creíbles, integradoras y transparentes”, y evoca la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación, según la cual Nicaragua debe “respetar y consolidar los principios del estado de derecho, la democracia y los derechos humanos”.
En Managua, los dos principales grupos de oposición celebraron el texto de la Eurocámara, al que calificaron de “contundente”, mientras advirtieron sobre la posible suspensión de Nicaragua del Acuerdo de Asociación con la UE.
“La resolución es contundente, porque plantea la urgente necesidad de que Ortega dé un golpe de timón para restablecer el orden democrático y recuperar las libertades”, dijo a The Associated Press Tamara Dávila Rivas, dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
En un comunicado, la Alianza Cívica (AC) señaló que una eventual suspensión del Acuerdo de Asociación con la UE “traerá consecuencias muy graves para la economía de Nicaragua y sobre todo en el bienestar de miles de nicaragüenses, que podrían perder sus empleos por un régimen que viola los derechos humanos”.
El mes pasado, diputados del gobernante Frente Sandinista presentaron al Parlamento un proyecto de ley para castigar con cárcel la difusión en redes sociales y medios de prensa de “información falsa, tergiversada que produzca alarma, zozobra y temor en la población”, bajo la tipificación de “ciberdelitos”.
La bancada oficialista también introdujo un proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, que persigue controlar a quienes reciben fondos del exterior, incluyendo ONG y medios de prensa, mediante una minuciosa fiscalización. La violación a la ley se castiga con penas que van desde multas hasta confiscación de bienes y cárcel.
Previamente, Ortega había anunciado que el gobierno trabajaba en una ley para castigar con cadena perpetua los llamados “crímenes de odio”, concepto que el gobierno aplica a las acciones de sus opositores políticos. En Nicaragua la condena más alta es la de 30 años de prisión.
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