Infobae/ El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, le confirmó este lunes a su par ruso Vladimir Putin que buscará cambiar la Constitución del país. “Lukashenko ha confirmado su intención de realizar cambios en la Constitución”, expresó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, después de una reunión cara a cara entre los dos presidentes que duró más de cuatro horas en Sochi, una ciudad balnearia del sur de Rusia.
La iniciativa es la única propuesta que ha realizado el considerado “último dictador de Europa” para intentar salir a la crisis política, que lo tiene acorralado por masivas protestas y huelgas luego de que se proclamara victorioso en unas elecciones consideradas fraudulentas por la oposición y gran parte de la comunidad internacional.
Putin expresó su apoyo a la iniciativa de Lukashenko, diciendo que la consideraba “lógica, oportuna y coneniente”. También anunció que su gobierno ha acordado con Minsk la concesión de un crédito por valor de USD 1.500 millones.
La reunión confirma el abrupto giro político que ha dado Lukashenko con respecto a su relación con Moscú. Durante los últimos años había acusado al país de intentos “desestabilizadores”, pero desde que empezaron las protestas ha buscado el apoyo de su vecino.
Analistas consideran que Rusia intentará rentabilizar al máximo su apoyo al presidente bielorruso, que no tiene ningún margen de maniobra, y “es completamente dependiente de Rusia” para sobrevivir políticamente. Putin ha advertido que Rusia podría despachar policías a Bielorrusia si los desórdenes se vuelven violentos, suscitando temores de que desea usar las protestas como pretexto para anexarse el país como hizo en Crimea - territorio de Ucrania - en el 2014.
En concreto, la versión “renovada” de la Carta Magna podría descentralizar el poder en el país. El mismo Lukashenko, que gobierna el ejecutivo desde hace 26 años de manera ininterrumpida, ha concedido que el sistema existente es “algo autoritario”.
Aunque defendió el modelo presidencialista, el mandatario se mostró dispuesto a ceder autoridad a otros poderes del estado. “Hay que lograr que el sistema no esté ligado a ninguna personalidad, incluido a Lukashenko”, expresó el pasado 31 de agosto cuando anunció que representantes del Tribunal Constitucional se encontraban trabajando en el proyecto.
“Ahora tenemos a especialistas, entre los cuales hay jueces del Tribunal Constitucional trabajando en los cambios a la Ley Fundamental del país. Después, el proyecto de la Constitución renovada será puesto a debate público”, añadió entonces Lukashenko.
No obstante, las principales líderes opositoras que participaron en las elecciones rechazaron que la iniciativa produjera un cambio real. En contraste, sus miembros defienden el retorno del país a la Constitución de 1994, año en que Lukashenko llegó al poder y que él rechaza enfáticamente.
María Kolesnikova, miembro de la directiva del consejo de coordinación opositor de traspaso pacífico del poder, aseguró en agosto que esto no era más que un intento de manipular a la sociedad.
“Ahora resulta inimaginable que el presidente realmente esté interesado que los mandatos se limiten a dos plazos y se incremente la autoridad del Parlamento, porque en este caso habría la posibilidad de un proceso de impugnación”, algo que teme el presidente, afirmó Kolesnikova, quien desde hace una semana se encuentra detenida por las fuerzas de Lukashenko tras resistirse a ser expulsada del país.
Mientras tanto, el movimiento de protesta que atraviesa Bielorrusia desde las elecciones del 9 de agosto realizó este domingo una nueva marcha multitudinaria para reiterar su descontento con el mandatario. Desde la fecha de los comicios, la oposición identificada con banderas blancas y rojas ha logrado congregar más de 100.000 personas en las calles de la capital.
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